El orden comienza desde adentro

Luego de varios años sin prestar servicio de inscripción de inmuebles en el país, en el 2003 se reanudaron los trámites como parte del proceso de reordenamiento del patrimonio inmobiliario estatal en la nación. Desde entonces, se dieron los primeros pasos para asegurar una contabilidad confiable de los activos fijos tangibles.

Con la aprobación del acuerdo 4799 de 2003 del Consejo de Ministros, que dispuso el ordenamiento y control del patrimonio estatal de personas jurídicas y de propiedad personal, comenzó el procedimiento en la Isla, el cual se flexibilizó en 2012 al entrar en vigor la Resolución 226 que viabiliza la gestión e instrumenta la metodología para la inscripción y actualización de los inmuebles en el Registro de la Propiedad (RP).

Sin embargo, mientras hoy la reorganización resulta prioridad en el país, en la provincia el quehacer en ese sentido se encuentra estancado, pues no todas las entidades prestan igual interés a los diligencias. Cuando restan menos de nueve meses para la conclusión del término previsto, aún quedan pendientes en el territorio 160 propiedades sin suscribir.

ORDEN, DISCIPLINA Y EXIGENCIA

“Se creó un grupo provincial y municipal de inmuebles, encargados de chequear la inscripción de las pertenencias de las empresas, las cuales deben tener tarjeteadas sus posesiones. El Ministerio de Justicia es quien inspecciona el quehacer a nivel nacional”, explica Clara Martínez Matienzo, directora de Justicia en la localidad yumurina.

Añade además, que los directivos constituyen la máxima autoridad en el entorno de su empresa y tienen la obligación de crear una agrupación similar, presidido por un miembro del consejo de dirección, integrado por representantes de las áreas económica, jurídica y de inversiones, así como otras personas que consideren pertinentes, quienes desde la base instrumentarán un plan de inscripción.

Para estas actividades cada institución dispondrá de un expediente con la documentación orientada, que contendrá el valor contable del inmueble, la certificación de medidas y linderos validada por la Dirección de Planificación Física, la resolución de designación del funcionario facultado para presentarlo y la certificación positiva o negativa emitida por el RP donde refrenda si el inmueble consta como reconocido o no. 

Según expone la dirigente: “cerramos el 31 de diciembre de 2013 con un total de 181 inmuebles pendientes. Todos los meses tienen que entrar 16 inmuebles y entre enero y febrero lo han hecho muy pocos. Es necesario un despertar en estos sectores, especialmente en el de la salud, el transporte, la construcción, el comercio, que son los más rezagados, aunque coexisten otros. Hay un desorden inmobiliario en el país acumulado de años en que se tomaban decisiones arbitrarias”.

Añade además, que en la actualidad una de las debilidades de la provincia es que su contabilidad no resulta totalmente confiable. La labor comenzó desde el 2003, existen entidades con un solo inmueble y no se han ocupado de inscribirlos.

EN LA CUERDA FLOJA: ILEGALIDADES

A ello se agrega también la proliferación de ilegalidades en las propiedades que retrasan los trámites. Las ampliaciones, divisiones y construcciones encima de las azoteas se encuentran entre las principales irregularidades en las viviendas vinculadas. También aparecen en edificios, donde no está permitida la realización de acciones constructivas que afecten la estructura, las terrazas y cercado de patios. 

“Cuando llega el expediente se coordina con la entidad y los técnicos visitan el inmueble, se hace el informe y si existen quebrantamientos se emite una carta de entrega con la notificación de las ilegalidades a la empresa para que lo resuelvan. Pueden constar organismos que se hayan inscrito en años anteriores y aun pudieran tener ilegalidades porque  no se fiscalizó correctamente y las mismas entidades tampoco fueron capaces de darse cuenta de ello”, revela Eugenio Lora Baltazar, Jefe del Departamento de Urbanización perteneciente a la Dirección Municipal de Planificación Física.  

Según datos aportados por el citado departamento los organismos con una mayor incidencia en el quebrantamiento de las regulaciones en este sentido resultan el Ministerio de la Construcción, Comercio y Salud Pública.  

“Como norma cuando vamos a comprobar las medidas y linderos y detectamos una infracción, no se asientan hasta que el organismo no las elimine. No podemos decir al pueblo que tiene violaciones mientras el propio Estado no se ordene, y es cierto que el país quiere que se inscriban, pero que se estructuren y se eliminen las transgresiones también”, arguye Yusdán Fundora Alfonso, director de Planificación Física en el municipio.

Para impulsar la misión a escala provincial se desarrolla mensualmente un plan de actividades en el territorio. Las reuniones del grupo de inmueble, el análisis del tema en el Consejo de Administración y en la reunión de información de directores, la visita a un grupo de instituciones y la impartición de un diplomado para garantizar la preparación de los jurídicos constituyen acciones en materia de viabilizar el proceso.

Sobre la importancia que reviste para las entidades la inscripción de sus propiedades concluye Clara Martínez Matienzo: “Mañana puede venir cualquiera y decir que es propietario de un inmueble y la institución pública encargada de desmentir esto es el RP. En la medida en que el ordenamiento inmobiliario sea confiable se arrendarán espacios. Este tema tenemos que verlo como sistema para que pueda avanzar”.