Es
un tema del que casi todo el mundo desconfía. Y es que la realidad te incita a
sospechar. Sí, de casi todos: del carretillero que le da lo mismo que le
repitas cien veces que la libra de malanga debe costar cuatro pesos y no ocho;
del dependiente que con una sonrisa amplia y la cuenta en la mano te dice que
la Cristal, tan perdida, por cierto, son 35 pesos… De quien tiene que velar
porque se cumpla lo pactado…
En
fin, así se sucede una lista innumerable de servicios y productos que podría
relatar cualquiera. Eso, sin mencionar otros a los que aún no se ha topado, y
que continúan ascendiendo de forma vertiginosa como la venta de cárnicos o la
transportación de pasajeros, a los cuales es necesario ponerles coto, al menos
formalmente.
La
cuestión de los precios topados, en mi modesta opinión, ha caído en saco roto. No
porque los Consejos de la AdministraciónC no se hayan pronunciado al respecto y
adoptado las medidas pertinentes para establecer montos que, si bien no son lo
justo que debieran con el bolsillo del cliente, constituyen un aliciente para
que algunos no campeen al libre albedrío.
Sin
embargo, en lo que se ha sido ineficiente es en cumplir los mecanismos de
control para que lo establecido siga su curso. Caminar cualquier calle de la
urbe yumurina da fe de lo que escribo. Aun cuando se han publicado las vías
para hacer efectivas las denuncias y detrás de todo el aparato creado existen
personas que, no dudo trabajen arduamente, los resultados, a mi juicio, han
sido mínimos.
Caemos
así en un círculo vicioso de incremento salarial-tope de precios-creación de
mecanismos de control-violación de estos mecanismos-impunidad y seguidamente el
irrespeto al pueblo y por consiguiente a su esfuerzo para ganar honradamente su
salario, lo cual genera incomodidades.
Creo
que no resulta tan difícil estimular el control, y hasta echar a andar
inspectores que comprueben las denuncias, multen y velen por lo instituido. Se ha informado que en cada municipio existen grupos de
trabajo de observación de precios y de enfrentamiento, ¿entonces por qué tanta
impunidad?
Las
decenas de llamadas que a diario recibimos en esta redacción respecto a este
tema son muestras irrefutables que todavía la gente confía en que el problema
puede solucionarse y que se denuncia lo mal hecho. Aprovechemos y explotemos
más estas fuentes de retroalimentación para saber quiénes violan lo estipulado,
y sin temblar la mano, aplicar la ley.
Otro
tanto también corresponde a las instituciones estatales para velar porque en
sus propios establecimientos no se adulteren los importes de los productos,
pues parafraseando el refrán, el orden comienza por casa.
Ningún
negocio privado puede estar basado en la ilegalidad, de ahí que respetar la
ley, hacer valer la voluntad popular y darle valor al salario adquirido para
mejorar el nivel de vida de la población constituyan premisas que no se pueden
olvidar en esta batalla.
Ante
los precios violados no puede primar la impunidad, ni mucho menos el conformismo.
“Abrid bien los ojos”, que estamos en época de combate.
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