martes, 10 de junio de 2014

Un registro… ¿sin propiedad?

Tal parece que la morosidad y la burocracia se han hecho cotidianas en Matanzas. Desde hace casi dos semanas y como consecuencia del deterioro constructivo provocado por la falta de mantenimiento, el Registro de la Propiedad y el Registro Civil de esta ciudad dejaron de prestar servicios en su local habitual.
A partir de esta fecha algunos trámites que allí se realizan quedaron interruptos y otros fueron acogidos en el sitio donde radica el Palacio de los Matrimonios, donde se acumulan ya varios de ellos. Situación que provoca malestar entre los matanceros interesados en solicitar esas prestaciones.

Según explica Clara Martínez Matienzo, directora de Justicia Municipal, a partir del 15 de mayo en que iniciaron las lluvias, la estructura interior del establecimiento comenzó a desprenderse, incluso con personas dentro, condición que se agravó con la incidencia de las precipitaciones, ocasionando dos derrumbes. De ahí que luego de varias acciones para no afectar la asistencia decidieran trasladarse al Palacio.
En estas instituciones se atiende a un promedio de entre 80 y cien personas diarias que, en la mayoría de los casos, dependen de la documentación emitida allí para culminar otras diligencias. “Aquí se ejecutan las solicitudes de certificación de nacimientos, defunción, matrimonio, soltería, subsanación de errores y otros que paralizan o demoran servicios como la exhumación, los trámites migratorios, algunos asociados con Etecsa, la tramitación de las chequeras a los ancianos cuando fallecen, etc”.
Si bien se adoptaron medidas provisionales para solucionar el problema, otras prontitudes como las que requieren buscar tomos y folios en los libros archivados, no se están facilitando por no poseer un local que asuma esas actividades.
LA OTRA CARA DE LA MONEDA
Yoan Matías Ballesteros, director provincial de Justicia explica que para el presente año no estaba pronosticado acometer ninguna reparación, pues tienen contemplado para el 2015 el arreglo total de ambos inmuebles incluyendo la Unidad de Servicios, ubicada en la planta superior.
No obstante, argumenta el directivo que se acordó la firma de un contrato con la Empresa de Mantenimiento y Construcción del Poder Popular (ENCOM) y valorar si cuentan con ese presupuesto para comenzar la obra, cuestión por la que aún no se ha materializado el convenio.
Aclara el ingeniero Juan Carlos Quintana Romillo, especialista principal de la ENCOM, que las principales acciones constructivas que lleva la obra son el descorche y la salpicadura, arreglo que puede hacerse con un presupuesto irrisorio el cual no debe exceder los 2 mil pesos. Además, añade que la planta superior si precisa de otra reparación, que de no concretarse pone en peligro a largo plazo la edificación poseedora de valores patrimoniales.
Ahora bien, mientras ambas partes se ponen de acuerdo para formalizar los trámites legales, ¿quién paga las consecuencias?
Nadie puede atribuirse el derecho de entorpecer diligencias e incomodar a la población. Por otra parte, se requiere mayor interés de otras instituciones, como el Poder Popular Municipal, para agilizar estas diligencias. A ello nos convoca la máxima dirección del país.

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